Presos del proceso catalán
El departamento que dirige la republicana Ester Capella ha dado instrucciones a los directores de las prisiones para que todos los internos a quienes se ha concedido el artículo 100.2, que permite salidas periódicas para trabajar o cuidar de un familiar, puedan permanecer en sus casas mientras duren las restricciones impuestas por el Estado de alarma.
El Tribunal Supremo perseguirá por un delito de prevaricación a aquellos funcionarios que permitan o avalen el confinamiento en sus domicilios de los líderes independentistas condenados por sedición. Fuentes del alto tribunal explican que en el caso de que la Junta de Tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos de la causa del ‘procès’ acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, el Tribunal Supremo se dirigirá a cada de esas juntas de régimen general y al director de los centros respectivos “para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión”.
Además, se les reclamará que identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo. Y todo ello para exigir responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación. Según han explicado fuentes jurídicas a La Vanguardia, la Sala de Enjuiciamiento del alto tribunal ha mantenido una deliberación no presencial tras conocer que la Conselleria de Justícia prepara el terreno para que los presos independentistas puedan pasar el confinamiento en sus casas.
