El Gobierno ha contratado los servicios de una empresaria condenada por estafa para conseguir las mascarillas que prometió repartir en los transportes públicos este lunes, coincidiendo con su decisión de restablecer la actividad de los sectores no esenciales. Parte del material ha sido adquirido en China gracias a la intermediación de FCS Select Products SL, una mercantil de la que es administradora M.D.C., sentenciada en firme en 2015 a 10 meses y 16 días de prisión por formar parte de una trama societaria que saqueó el patrimonio de empresas con problemas financieros, según han confirmado a El Confidencial fuentes de la operación.
La decisión de Moncloa de utilizar a este proveedor sorprende porque FCS Select Products no había tenido relación hasta ahora con el sector de los productos sanitarios. Se dedica a diseñar y poner en marcha en el mercado asiático campañas de marketing para fabricantes de ginebras, vodkas y otras bebidas alcohólicas de alta graduación, como aclara en su página web. Su oficina está en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y dispone de una delegación en la ciudad china de Guangzhou. En las cuentas de 2018, las últimas presentadas en el registro, declaró no tener empleados.
El peso de la compañía lo llevan sus dos gestores. Uno de ellos es M.D.C., que participó en la constitución de la sociedad en 2012. Ese mismo año comenzaron sus problemas con la justicia. Los Mossos d’Esquadra le tomaron declaración en el marco de la operación Onix tras comprobar que había tenido un papel clave en una red dedicada a vaciar los activos de compañías en dificultades. El presunto cabecilla de la organización era el falso inversor Josep Xicola, que en 2008 se quedó con la inmobiliaria Fincas Corral por un solo euro y, a partir de ese momento, utilizó el paraguas de la compañía para tomar el control de nuevas mercantiles. La función de M.D.C. en captar a las potenciales víctimas. Consiguió al menos tres. Decenas de trabajadores terminaron en la calle por las prácticas de este grupo.
Los Mossos d’Esquadra citaron a M.D.C. para tomarle declaración en 2010 pero no la interrogaron hasta dos años después. Finalmente, en 2015, la importadora de las mascarillas y el resto de acusados llegaron a un pacto con la Fiscalía para declararse culpables de un delito continuado de estafa agravada, según recoge la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 15 de febrero de ese año. Aceptaron diez meses de cárcel. A parte, M.D.C. tuvo que hacer frente a una responsabilidad civil de 66.980 euros y a una cuantía similar de forma solidaria.
El Gobierno se ha puesto ahora en sus manos para importar las mascarillas que necesitaba antes de que comenzara la semana. El nombre de FCS Select Products y la dirección de su web (www.fcsasia.es) figuran en el etiquetado de un porcentaje significativo de la mercancía distribuida este lunes por todo el territorio español. Los ministros de Sanidad e Interior, Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, anunciaron el sábado en rueda de prensa que las mascarillas estarían preparadas para proteger a los trabajadores que se incorporaran otra vez a sus puestos, por el inicio del desescalamiento del estado de alarma. Ambos manejaron la cifra de 10 millones de mascarillas, pero no ofrecieron más detalles sobre la adquisición del material ni sobre su precio.
El Confidencial preguntó este domingo al Ministerio de Sanidad sobre los motivos que han llevado al Gobierno a contratar los servicios de FCS Select Products SL; cómo entró en contacto con la mercantil, y si es consciente de que se trata de una empresa sin experiencia en el mercado sanitario. La propia China decidió endurecer las condiciones para exportar productos relacionados con el coronavirus publicando un listado de empresas autorizadas. Este diario también ha preguntado a Sanidad por los detalles del contrato con FCS Select Products SL y si están al tanto de que su administradora está condenada en firme por estafar a empresas. No ha habido ninguna respuesta.
El socio de M.D.C. ha confirmado en conversación con este diario a primera hora de este lunes que tienen un contrato con Sanidad para importar las mascarillas, pero ha explicado que no puede facilitar más información. «Eso es algo que corresponderá al Ministerio», ha señalado. No es el único episodio que aún debe aclarar el departamento de Illa. El Gobierno se niega a desvelar el nombre de la empresa española que intermedió en la compra en China de los 640.000 test rápidos de coronavirus supuestamente defectuosos. Sanidad acabó devolviéndolos. Aquella operación supuso un duro golpe para el Ejecutivo en el peor momento de la crisis. La prensa internacional al completo destacó el supuesto fraude.
Las mascarillas llegaron a España este fin de semana y se han repartido este lunes en los principales nodos de comunicaciones de casi todo el país. En las comunidades en las que hoy es festivo, empezarán a entregarse el martes. Moncloa ha tenido que recurrir a Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil para asegurarse de que cumplía su promesa. Efectivos de estos cuerpos se están encargando de proporcionárselas a los ciudadanos. No es obligatoria llevarla, pero Sanidad ha recomendado su uso después de dos meses manteniendo que solo estaban indicadas para los ya infectados.
