Escudero incumple su compromiso de fijar una tasa de vertido La “Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha”, blinda la importación masiva de residuos a la región y la cultura del “usar y tirar”.
Se adjunta el documento de alegaciones registrado ante el CAMA
Ecologistas en Acción calificó en el último CAMA de “oportunidad
perdida” a dicha estrategia y votó en contra.
Dos de los actuales responsables de la gestión de residuos en el
Gobierno de Castilla-La Mancha están acusados por delitos contra el
medio ambiente en la trama del incendio de Chiloeches.
En la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) celebrado el
19 de septiembre ha discutido la “Estrategia de Economía Circular”
(desde el 23 en información pública). Ecologistas en Acción ha criticado
dicha estrategia en el fondo y en la forma, por tres aspectos:
Primero, porque no supone ningún cambio significativo en el modelo de
usar y tirar, perpetuando la proliferación de envases de un solo uso y
el hiperembalaje. En segundo lugar, porque no garantiza el cumplimiento
de los objetivos de la UE en reciclaje y reducción de vertido de
residuos. En tercer lugar, no se plantea ningún cambio en los “Sistemas
de Responsabilidad Ampliada del productor” (RAP) y especialmente para el
sistema que impone Ecoembes, que después de más de dos décadas ha
demostrado su fracaso.
Pero el aspecto más nefasto de esta estrategia es lo que no contiene: en
una comparecencia en noviembre de 2019 para presentar la Ley de Economía
Circular, El Consejero de Desarrollo Sostenible “…ha indicado que la Ley
prevé que a los 12 meses de su entrada en vigor se desarrolle la
Estrategia de Economía Circular que establecerá los detalles y líneas de
actuación concretas, así como la creación de una tasa de vertido…, pero
en el borrador de dicho documento no figura explícitamente dicha tasa.
Castilla-La Mancha, no dispone de una tasa de vertido, por lo que se ha
convertido en el destino deseado de los residuos como ha denunciado
reiteradamente Ecologistas en Acción. Actualmente existe un auténtico
“dumping ambiental”: ciertas empresas engordan sus cuentas de resultados
vertiendo mucho más barato en Castilla-La Mancha residuos de otras
comunidades autónomas, donde sí está grabado el vertido. Y ello a pesar
del importante coste que supone desplazar residuos a largas distancias.
Por mencionar únicamente dos ejemplos, citaremos el caso del vertedero
de Sigüenza (Guadalajara) y el de Almonacid del Marquesado (Cuenca).
El vertedero de Sigüenza propiedad de la empresa Servicios Ecológicos
Navarra S.L., recibe gran cantidad de residuos industriales provenientes
de la comunidad norteña. En concreto en 2019, se vertieron 4,6 millones
de kg de residuos industriales provenientes de Navarra. Ecologistas en
Acción denunció recientemente las irregularidades en la gestión de este
vertedero. En la provincia de Guadalajara estaba prevista la
construcción de un nuevo vertedero de residuos industriales cerca de la
capital, pero el desastre de Zaldibar y la movilización social
consiguieron pararlo. Navarra, a pesar de ser una región industrializada
no tiene vertedero de residuos industriales pero Castilla-La Mancha
tiene nueve (8 con autorización para residuos industriales no peligrosos
y uno para peligrosos): dos en cada una de las provincias de
Guadalajara, Toledo, Cuenca y Ciudad Real y uno en Albacete.
Uno de los casos más sangrantes se da en el vertedero de Almonacid del
Marquesado (Cuenca), el más grande de España de residuos industriales no
peligrosos (RINP), con una capacidad de 21,5 miles de millones de kg.
Recibe cada día (de media) medio millón de kg de residuos, generados en
su mayoría fuera de Castilla-La Mancha, al menos de: Cataluña, Valencia,
Castilla y León, Aragón y Madrid. En 2019, recibió más de 44
millones de kg de residuos, pero en 2020 recibirá en torno a 180
millones de kg.
Además, para Ecologistas en Acción, toda la política de residuos está en
entredicho, puesto que dos altos cargos actuales de la Viceconsejería de
Medio Ambiente José María Michelena y Olga Villegas, están acusados por
su implicación en la trama relacionada con el incendio en la planta de
residuos de Chiloeches. Junto con otros 16 acusados, se enfrentan a
penas de hasta 19 años de cárcel por prevaricación medioambiental, de
participación en grupo criminal, delitos agravados de gestión peligrosa
de residuos y de explotación de instalaciones peligrosas, delitos contra
el medio ambiente y falsedad en documento mercantil.
Ecologistas en Acción tiene constancia del origen de los residuos
vertidos desde estas 5 CC.AA. Pero podrían provenir de otras muchas
localizaciones e incluso de terceros países, pero la Junta no lo ha dado
a conocer a pesar que debería hacerlo público.
