Las organizaciones ambientales señalan que los expedientes de concesión de aguas contienen graves irregularidades y benefician principalmente a terratenientes y grandes empresas agrícolas.

La reciente aprobación provisional -a falta de evaluación de impacto
ambiental- de la concesión 7,1 hm³ de aguas subterráneas para «regadíos
sociales» en el Segura albacetense ha caído como un jarro de agua fría
entre las entidades ecologistas de Albacete. Y es que, según denuncian,
se esperaba el rechazo de buena parte de los mismos ante las notables
carencias e irregularidades de los proyectos, así como por afectar
gravemente a espacios de la Red Natura 2000.

“Por poner un ejemplo, en el expediente CPR-128/2019 -relativo a una regularización de unos regadíos ilegales creados en 2004, y su futura
ampliación en Peñarrubia (Elche de la Sierra)-, se señala claramente que
el pozo estaría captando de un acuífero «no delimitado ni evaluado en el Plan Hidrológico».

En un primer informe, la Oficina de Planificación Hidrológica consideró al regadío incompatible con el Plan Hidrológico precisamente por falta de conocimiento científico, pero tras presiones internas emitió un segundo informe en el que se especula con una posible y no demostrada- transferencia lateral desde el acuífero Gallego y se
pasa a tramitar el expediente como si estuviera captando directamente
desde el Gallego -aunque el IGME considere que capta de La Horadada-”
señala Stefan Nolte, técnico de la Plataforma en Defensa de las Fuentes.
“Al no haber sido evaluado en el Plan Hidrológico, no se sabe ni cuánta
agua tiene el acuífero ni cuáles son sus demandas ambientales, pero la
CHS aprueba la concesión sin más, solamente incluyendo la coletilla de
que la concesión se hace «independientemente de que mediante este sondeo
se pueda o no se pueda captar la totalidad del volumen que se solicita».
Luego dirán que hay «déficit» y pedirán nuevos trasvases”.

Desde la Plataforma también se señala que en los expedientes de AlcadozoNava de Arriba (Pozohondo), que podrían afectar a las fuentes de Aýna y Liétor, se utilizó una declaración de interés nacional “totalmente desfasada -pues data de 2003- y bajo el paraguas del genérico término «otros» -en referencia a otros términos municipales, distintos de los
citados explícitamente en la declaración-.

Se sabe, por el Plan Hidrológico de 1998, que en todo caso era de aplicación únicamente a la cuenca vertiente de los embalses del Talave y del Cenajo, y sin embargo desde la Consejería de Agricultura y la CHS- han pretendido aplicar la declaración de interés nacional fuera de este ámbito territorial, en un clarísimo caso de fraude de ley”.

Finalmente, denuncian los ecologistas que estos regadíos tienen “muy
poco de social, pues apenas crean empleo (1 UTA cada 100 hectáreas) pero sí grandes rentas a los propietarios. Y da la casualidad de que la mayor parte de la superficie transformada pertenece a grandes terratenientes que residen en ciudades o a empresas agrarias con sede en Murcia y Alicante”. Así, por ejemplo, afirman que en el expediente CPR-1/2018-que agrupa a los regadíos de Hellín- la mitad de la superficie “se la
reparten entre 6 propietarios con fincas de más de 100 hectáreas”.

En este expediente dicen que se produjo “un auténtico cambio de cromos entre populares y socialistas”, pues cada partido apoyaba a un proyecto diferente, alcanzado finalmente un acuerdo “a costa de llevar al límite los acuíferos de la Sierra de Segura”.

Por redaccion

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